La reglamentación de la ley de glaciares el pasado 28 de febrero representa una victoria parcial de los movimientos sociales y del pueblo argentino. La ley había sido sancionada en septiembre del año pasado luego de intensas movilizaciones de distintas organizaciones de todo el país que reclamaban poner freno las actividades contaminantes que se desarrollan en el ambiente glaciar y periglaciar.
Si bien se trata de un tema de larga data, el debate por la ley comenzó con más intensidad a partir del año 2008, cuando la ex diputada Marta Maffei propuso una reglamentación por medio de la cual se prohibiera, en la zona de los glaciares y sus alrededores, el desarrollo de actividades que perjudicaran su condición natural. En ese entonces, el proyecto fue aprobado en ambas cámaras pero luego vetado por el Poder Ejecutivo Nacional, dejando sin protección a importantes reservorios hídricos del país. Más tarde el tema fue retomado por el diputado Miguel Bonasso y el senador oficialista Daniel Filmus quienes arribaron a un acuerdo que dio lugar a un nuevo proyecto de ley que contó con el consenso suficiente para no sufrir un nuevo veto.
¿Por qué cuidar de los glaciares y cómo los perjudica la mega minería a cielo abierto?
Los glaciares representan un importante reservorio de agua dulce, un recurso fundamental para la vida en el planeta. De su óptimo estado depende el desarrollo de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad en el país y en el mundo. A pesar de esto, en las últimas décadas se registró un importante retroceso de estos gigantes de hielo en distintas partes del mundo. Se trata de algo que está íntimamente relacionado con el calentamiento global y, en consecuencia, con la actividad humana.
Uno de los grandes problemas es el desarrollo de prácticas contaminantes, que resultan negativas en todos los aspectos que se puedan considerar. En Argentina, en la década de 1990 se impulsaron leyes que fomentaron las inversiones extranjeras en el país y así comenzaron a proliferar las actividades de empresas transnacionales. Una de ellas es la mega minería sobre la Cordillera de los Andes, la que cuenta con varios proyectos en marcha y algunos en espera de ser aprobados. Todo esto sin tener en cuenta el gran impacto ambiental, con consecuencias negativas para los pobladores y el planeta en su conjunto.
En muchos casos, para obtener los minerales se realizan voladuras de montañas con explosivos que largan al aire toneladas de desechos tóxicos. Luego se utiliza cianuro para separar oro de roca, necesitando miles de litros de agua por día que, tras ser contaminada con tóxicos y metales pesados, se deposita en piletones que terminan mezclándose con ríos, arroyos y acuíferos. Las consecuencias se traducen en contaminación del aire y del agua, pérdida de los ecosistemas, y riesgos para la población, con posibilidad de contraer enfermedades respiratorias, malformaciones, lesiones auditivas o cáncer.
Teniendo en cuenta la importancia del agua y de lo perjudicial que pueden ser este tipo de actividades, es que desde hace años se viene luchando por la ley de glaciares. Uno de los grandes motivos que incentivó a los pobladores y a las organizaciones ambientalistas a movilizarse fue la instalación de la trasnacional Barrick Gold en San Juan, una empresa minera que pretende llevar a cabo su proyecto conocido como Pascua Lama sin ningún tipo de restricciones.
Las empresas como Barrick Gold manejan importantes sumas de dinero, lo que lleva a gobiernos locales y a políticos a manifestarse en contra de una ley que ponga frenos a su actividad. Muchos alegan que prohibiendo la minería se estaría frenando el desarrollo económico de la región, no obstante la realidad demuestra que los pobladores por lo general son los menos beneficiados, viendo deteriorarse su entorno natural y continuando aún empobrecidos.
Si bien en febrero se llevó a cabo la reglamentación, la lucha por la Ley de Glaciares sigue vigente. De acuerdo a la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria -que sigue desde un principio la problemática gracias a su campaña “Los glaciares no se tocan“-, la normativa “se encuentra seriamente amenazada en su plena aplicación por el accionar -conjunto y coordinado- del Gobierno Nacional, gobiernos provinciales y multinacionales mineras”.
Desde la organización se afirma que los recursos hídricos aún están en peligro dado que la reglamentación se produjo “a medias”: “No podemos tomar la reglamentación de una ley tan importante y estratégica para nuestro país tal cual se ha presentado el día 28 de febrero de 2011 en el Boletín Oficial pues consideramos que hay artículos fundamentales que han sido literalmente apartados de la reglamentación”.
El problema es que aún no se define uno de los principales aspectos para la efectiva implementación, como lo es el artículo 15 de “Disposición transitoria”. Sin el mismo, no se pueden establecer las “zonas prioritarias” y comenzar con el de inventario de glaciares para luego prohibir las actividades en la zona. Es en este sentido que Conciencia Solidaria manifiesta su preocupación y sigue llamando a la población a luchar por una ley que aún no está del todo definida.-
FUENTE:Paula Rizzi- tu verde.com



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