La Presidenta Cristina Fernández de Kírchner, oradora central del masivo acto en el estadio de Huracán del 11 de marzo, llamó a “defender el modelo” y a “profundizar el cambio para llegar a todos”. El acto constituyó un espaldarazo a su reelección en los comicios de octubre. El tiempo parece ir despejando toda duda del consenso de su candidatura en el seno de un oficialismo de composición heterogénea en el cual conviven los kirchneristas “puros”, casi todos los gobernadores, los intendentes del conurbano bonaerense, la burocracia sindical y los movimientos sociales K. Todos apoyan el “modelo” vigente, pero hay claras diferencias en las aspiraciones de cada uno de ellos. Es obvio que, por tomar un ejemplo, las expectativas de justicia social e independencia nacional de los sectores juveniles contrastan con las de la burocracia sindical o las de los gobernadores y barones del conurbano que defienden el statu quo y el poder acumulado durante décadas.
En la otra vereda una oposición derechista variopinta intenta contra reloj resolver sus internas, cada vez más lejos de poder presentar un frente unido anti K. La muerte de Néstor Kírchner no fue una buena noticia para ella, que desde los medios hegemónicos de ese momento venía construyendo trabajosamente al ex presidente como la bestia negra de la política argentina.
Continuidades y rupturas del “modelo”
Kírchner es la resultante directa del levantamiento popular de 2001. En aquellos meses las masas ganaron las calles convencidas de lo que rechazaban pero sin claridad de lo que querían. Por ello el movimiento se fue agotando y Duhalde y el PJ lograron controlar la crisis y restablecer la dominación del capital. Por último llevaron a Néstor Kírchner al gobierno. La gestión Kírchner desde el 2003 se presta a lecturas disímiles y contrapuestas que dependen de la dispar valoración de los factores que incidieron en la elección de su política económica. La confiscación de los depósitos, la cesación de pagos, la masificación del desempleo, el estallido de la pobreza y el derrumbe industrial que configuraron la debacle de 2001 no tiene precedentes en nuestra historia. Néstor Kírchner se apoyó en medidas ya tomadas por sus predecesores: suspensión unilateral del pago de la deuda y megadevaluación. En el nuevo esquema del bloque dominante la valorización financiera perdió peso a favor de nuevos actores como el empresariado industrial y una vigorosa burguesía agraria, en tanto la intervención del Estado acotó el poder de las privatizadas. Tal coyuntura coincidió con una fuerte demanda internacional de commodities e hidrocarburos. La megadevaluación, que pulverizó los salarios permitió a todos los grupos del bloque dominante recuperar su tasa de ganancia. La altísima capacidad ociosa que dejó la crisis explica la recuperación de la industria y del empleo. Kírchner impulsó el consumo interno y aplicó medidas (paritarias, jubilaciones por decreto, aumentos consecutivos del salario mínimo y de los mínimos jubilatorios, tarifas de servicios públicos subsidiadas, apoyos diversos a las empresas recuperadas por la gestión obrera y emprendimientos productivos, etc.) encaminadas a contener el conflicto social. Asistimos a una recomposición del movimiento obrero que se tradujo en una mayor capacidad de lucha y de negociación de los asalariados que se encuentran en el sistema formal, aunque la cantidad de trabajadores en negro se mantiene próxima a un 40 por ciento. Por último, no se modificaron las tendencias anteriores a la extranjerización, concentración y escasa competitividad fabril. (1).
Por cierto, la gestión de los Kírchner reconoce dos momentos diferenciados. Hasta 2007 se caracterizó por el crecimiento económico y el consenso de todos los sectores dominantes. Pero apenas se intentó avanzar en el proceso de reindustrialización capturando para ello parte de la renta agraria, el gobierno chocó en 2008 con la beligerancia de una burguesía rural que creció a caballo de un potente proceso de modernización capitalista en la Pampa Húmeda. La alta rentabilidad obtenida con los “commódities” desalienta la incursión en otras actividades económicas. La burguesía agraria creció de la mano del boom de la soja, un producto genéticamente modificado que deteriora el suelo por falta de rotación y acentúa la erosión. Su expansión extrapampeana desplaza población nativa, arrasa el monte, deforesta y expropia las tierras de las comunidades. La soja incrementa, además, la vulnerabilidad externa de la economía, al reforzar la sujeción al vaivén de los precios internacionales de las materias primas.
Los capitalistas industriales que en la Argentina se caracterizan por su cultura rentística y parasitaria, se orientan hacia los servicios – Edenor, Telecom, por tomar dos ejemplos- que requieren menor inversión, pues las tarifas y los subsidios se negocian con los gobiernos de turno y los riesgos son inferiores a los de una inversión a más largo plazo. Por tanto, el intento industrializador carece de un sujeto que impulse la acumulación, choca con escollos en el agro y no encuentra financiamiento en la banca.
El proceso electoral tiene como marco la crisis de la economía mundial, el problema inflacionario que no se ha logrado poner bajo control, su incidencia en el ingreso de los sectores populares y en los precios de los productos alimenticios, lo cual podría traducirse en una mayor conflictividad social. De allí que la estrategia oficial sea la del pacto social entre la burocracia sindical y las corporaciones industriales y patronales en general. (2)
El proceso inflacionario cuya envergadura real no puede precisarse por la intervención del gobierno en el INDEC acumula enormes tensiones.(3) La salida de capitales entre 2002 y 2010 se calcula en u$s 65 mil millones.
Para este año se prevé el pago de 36 mil millones de pesos al Club de París a fin de dar por terminado el estado de cesación de pagos declarado por el Congreso Nacional en la última semana de 2001. El Club de París habría aceptado relegar al FMI en el monitoreo de las cuentas argentinas pero es el G 20 el que asumirá esa tarea. O sea que los principales accionistas del FMI asumen la función fiscalizadora negada al FMI. Mientras se negocia y se paga se pierde la oportunidad de investigar el origen y la evolución de esa deuda y la posibilidad de declararla “deuda odiosa”, parcial o total. Lo cual no resultaría descabellado en este marco de situación de crisis de la economía mundial. (4)
La riqueza está concentrada en un grupo de empresas de capital mayoritariamente extranjero. Dichas empresas operan en la formación de los precios comprometiendo el poder adquisitivo de los salarios y convirtiendo en papel mojado beneficios como la asignación universal por hijo.
Ni iguales ni antagónicos
El gobierno supo recuperarse de dos duras derrotas que hicieron incluso dudar de su continuidad: la que le infirió la patronal agropecuaria en 2008 por la Resolución 125 y el revés electoral de junio del año siguiente. Ha retomado la iniciativa con medidas como la Ley de Medios Audiovisuales, la Ley de Matrimonio Igualitario, la reestatización de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo que ahora se extiende a las mujeres embarazadas, la creación de cooperativas del programa “Argentina trabaja” y una nueva ley para las empleadas domésticas. Al mismo tiempo sus alianzas están dictadas por el pragmatismo. Si en su primera etapa propugnaba la renovación de la política, en la actual no ha dudado en abrochar con los intendentes del conurbano, los gobernadores que mantienen a sus provincias bajo un régimen semifeudal y la burocracia sindical. Y mientras para contener el conflicto social privilegia la negociación a la violencia represiva del Estado, no se opone a la judicialización de la protesta social.
La política exterior del gobierno está a distancia de las “relaciones carnales” con Estados Unidos propias de los 90. Ha apoyado los procesos populares que se desarrollan en Bolivia, Venezuela y Ecuador, pero no ingresa al ALBA y tampoco se embloca con Brasil ni Chile. También se diferencia claramente de las políticas neoliberales de países como Colombia, Perú o México. En la Cumbre de Mar del Plata de 2005 motorizó el rechazo al ALCA, sin embargo integra el G 20. (5) El “crecimiento con inclusión social” que pregona no remite a ningún proyecto concreto, a no ser limitados intentos de reindustrialización, protección del mercado interno, no desregulación laboral y políticas asistenciales focalizadas. La matriz distributiva no ha variado fundamentalmente desde la última dictadura y se mantiene el régimen financiero implantado por Martínez de Hoz a la vez que avanza un modelo extractivista que depreda y saquea nuestros recursos naturales. Argentina nunca fue un país exportador de petróleo ni minerales pero ahora tiene el régimen de minería más neoliberal del continente y la exención de impuestos resulta un incentivo al saqueo y la mayor contaminación.
La administración K intenta apoyarse en el Estado para crear una fracción burguesa “nacional”. Y como tal intento no parece factible debe instrumentar al Estado como agente económico directo sustituyendo al capital privado. Pero sus limitaciones de clase le impiden imponer juntas reguladoras, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para resolver el problema del crédito, el de la fuga de capitales o recuperar las empresas estatales.
Las discusiones sobre la mayor o menor intervención del Estado en la economía, sobre una mayor o menor apertura del comercio, sobre las inversiones extranjeras son sobredimensionadas tanto por la oposición de derecha como por el gobierno. En realidad se presenta al estado y al mercado como términos opuestos, cuando en realidad no es así, puesto que el estado es una institución que sirve al capital para asegurar su reproducción. Ese acotamiento del debate le sirve al gobierno para atribuirse la recuperación económica y plantear el dilema de nosotros o el ajuste. Cabe preguntarse entonces qué se juega en las elecciones de octubre: un proyecto de país o sólo el patrón de acumulación capitalista que se aplicará en los años por venir.
Sería erróneo caracterizar al gobierno como de derecha. Pero igualmente erróneo sería caracterizar que la derecha se halla sólo fuera del gobierno. La represión en Formosa a los pueblos originarios, la masacre de jóvenes en José L. Suárez y en Baradero, el apoyo del gobierno bonaerense y de políticos kirchneristas a la rebaja en la edad de imputabilidad y mano dura, entre otros hechos, no abonan esa hipótesis.
Las conquistas deben ser defendidas, profundizadas y ampliadas.
Las conquistas logradas en este período deben ser defendidas, profundizadas y ampliadas manteniendo la independencia política. En esa defensa, profundización y ampliación consiste la posibilidad de unidad de acción y de diálogo con las masas influidas por el discurso kirchnerista. Pero sin olvidar que en sí mismas no constituyen un “modelo”, que sufren la fragilidad y transitoriedad propias de toda conquista dentro del marco del sistema y que son utilizadas por el gobierno para arrebatar la iniciativa política a los sectores que apuestan a una salida independiente y anticapitalista. (6)
Propuestas para el debate.
Puesto que la propuesta oficial y sus alternativas derechistas expresan los intereses de las clases dominantes, sería pertinente comenzar a debatir la propuesta de los explotados y oprimidos. Es fundamental terminar con la anarquía salarial que obstaculiza la pelea unificada de las clases trabajadoras, equiparando el haber mínimo con el salario básico. El 82 por ciento móvil para los jubilados podría implementarse si las patronales vuelven a tributar lo que antes aportaban y los trabajadores participan en el control de los fondos previsionales para que los mismos no sean desviados para otros fines. ¿Por qué no suprimir el IVA para los artículos de primera necesidad y el mínimo no imponible a los salarios de los trabajadores, y propiciar la tan postergada reforma tributaria, gravando las herencias, las grandes fortunas y las transacciones financieras para que tributen más los que más tienen? ¿El control de cambio y la regulación estatal de los capitales que ingresan o salen del país no constituyen medidas indispensables de un estado soberano? La reforma tributaria permitiría también la ampliación y aumento de la asignación universal por hijo y el aumento de presupuesto a salud, educación y demás servicios públicos esenciales, si además fuese acompañada por mecanismos de control de precios y un mayor equilibrio de las cuentas públicas que impida que la inflación se devore rápidamente esos avances sin mayor endeudamiento.
¿El desarrollo del país no requeriría que el Estado controle todos los recursos financieros? La nacionalización de la banca permitiría desarrollar un proyecto eficaz de industrialización poniendo el crédito al servicio de las prioridades productivas del país. ¿No ha llegado la hora de nacionalizar nuestro comercio exterior, de nuestros recursos básicos y de diversificar la producción agropecuaria a fin de superar el monocultivo y recuperar la soberanía alimentaria? ¿Y en lugar del canje de deuda, de nuevos arreglos con el Club de París o de la venta de bonos y el reendeudamiento con el FMI, no habría que investigar el origen y legitimidad de nuestra deuda pública y hasta tanto se esclarezca, suspender los pagos? (7)
El desarrollo económico, si está guiado por el objetivo del mejoramiento global de la calidad de vida de las grandes mayorías populares no puede sino plantearse desde una nueva sociabilidad, desde una mirada que contemple la necesaria reconciliación con la naturaleza de la cual somos parte.
Construir una nueva voluntad colectiva y transformadora
Aclaremos que no se trata de medidas socialistas, sino de aquellas indispensables para avanzar hacia una efectiva independencia económica, condición básica para emprender transformaciones profundas, y que sólo podrían plasmarse si desde los barrios, los talleres, escuelas y universidades, somos capaces de construir una tercera alternativa, con un discurso y una praxis claramente diferenciados de la derecha y de las otras variables del sistema, propiciando la autoorganización y el protagonismo del pueblo. Hay una cantera de nueva militancia en pujantes movimientos sociales y sindicales de base que se acercan cada vez más a una conciencia latinoamericanista, anticapitalista y emancipatoria. Unir, articular ese torrente requiere una profunda batalla de ideas, y a la vez un esfuerzo de generosidad, humildad y capacidad para desprendernos de miserias, taras y sectarismos, absolutamente funcionales al régimen establecido. - marzo 2011
Fuentes y notas
(1) Los nuevos desequilibrios de la economía argentina- Claudio Katz- Economistas de Izquierda
(2) Ver “La inflación marca el ritmo de la economía”- Julio Gambina- Rebelión- y artículo en este número.
(3) “La inflación actual no obedece como en el pasado al quebranto fiscal, ni expresa una pugna distributiva. Refleja sobre todo fuertes restricciones de la oferta. Los precios son empujados hacia arriba por una baja provisión de productos, ante una demanda recompuesta. Ya no es posible satisfacer con la misma capacidad instalada los nuevos pedidos de compra. Este bache ilustra un punto crítico del ensayo neodesarrollista, que aspira a expandir el abastecimiento de mercancías. Otro bache del mismo tipo se verifica en la fuga de capital, ya que el dinero expatriado es sustraído de la inversión industrial. La recuperación productiva y las elevadas tasas de rentabilidad local no han disuadido el retorno de los capitales, ni atenuado su ritmo de salida”.Claudio Katz- Op. Citado.
(4) Entre la coyuntura y la estructura- Julio Gambina- Le Monde Diplomatique- diciembre 2010
(5) El G-20 es un foro de 19 países más la U. Europea que se reúnen regularmente desde 1999 para analizar estrategias de salvataje del sistema financiero internacional y cuyos postulados son los del neoliberalismo.
(6) A. Gramsci denomina “revolución pasiva” a la estrategia del capital para recomponer su hegemonía y que consiste en satisfacer parte de las demandas de las clases subalternas a fin de quitar a sus adversarios la iniciativa política y adormecer su conciencia.
(7) Recordemos que tanto en las asambleas barriales como en la consulta popular realizada por la CTA en 2005, más de dos millones de personas se pronunciaron en contra del ALCA, del pago de la deuda externa y de la militarización del continente. Y que existe además un fallo del juez Ballesteros declarando la ilegitimidad de la deuda.
