LOS DUEÑOS DE LA TIERRA

La tierra es reducida a un recurso económico más y no valorada como un bien social y un derecho, y como la simbólica –el bien vivir- como lo es para los posibilidad de reproducción de una forma de vida material y pueblos originarios. 

 La brutal represión en Formosa a los Qom de la comunidad “La Primavera”, la ocupación y hechos de violencia en el Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires, el pasado año, con la pérdida de vidas humanas en ambos casos, son distintas caras de un mismo y paradójico fenómeno: la falta de tierras.

El desalojo de miles de familias de pequeños agricultores y pueblos originarios desplazados por el avance de las multinacionales sojeras a las grandes urbes es perversamente seguido de la criminalización de la pobreza por los mismos que la generan.

El 80% de la superficie cultivada en el país está en manos de sólo el 20% de la población. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) da cuenta de las consecuencias: hay 80 mil propietarios en la región pampeana, sólo 1.250 acaparan el 35% de la tierra (9.000.000 ha). Los 50 principales propietarios cuentan con 2.400.000. De las 35 familias tradicionales que concentraban la tierra a principios del siglo XX, 30 continúan siendo grandes terratenientes. Perez Companc es dueño de 155.000, en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta y Santa Fe. Los Anchorena, de 40.000. Los Gómez Alzaga, de otras 60.000. La familia Bemberg (ex Quilmes), tiene 60.000 en Buenos Aires, 73.000 en Neuquén y 10.000 en Misiones. 

El mayor terrateniente privado de la Argentina es el grupo italiano Benetton, con 900.000 ha. (1)

Argentina cuenta con la octava superficie territorial más grande del mundo: 2 millones 780 mil kilómetros cuadrados sin incluir las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, usurpadas por G.Bretaña ni el sector antártico argentino. Más de 20 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras y varios millones más se ofrecen para la venta según la Federación Agraria Argentina. Se trata de tierras de enorme valor  por su ubicación estratégica, por sus recursos naturales no renovables o por ser aptas para la agricultura. 

En Catamarca, un empresario estadounidense dedicado a fabricar helicópteros, Peter Lee MacBride, adquirió 117 mil hectáreas y pagó apenas 3,50 por cada una de ellas. Allí vivían unos 800 pequeños productores agropecuarios, que permanecen en una disputa judicial por la tenencia de la tierra.

La Argentina es el único país del Mercosur que  carece de atribuciones institucionales nacionales sobre la distribución de las tierras. En los años 30 del siglo pasado existió el Consejo Agrario Nacional.(CAN) encargado de la  ejecución, desarrollo y monitoreo de la distribución de tierras fiscales. La entidad funcionó con interrupciones propias de la inestabilidad institucional del país para ser finalmente disuelta en 1980 por el ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, que traspasó sus atribuciones a las provincias intervenidas militarmente. Luego la reforma constitucional de 1994 legitimó la quita de potestades nacionales sobre el patrimonio natural del país, cuando en el último párrafo del artículo 124 instituye que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. De este modo la tierra es reducida a un recurso económico más y no valorada como un bien social y un derecho, y como la posibilidad de reproducción de una forma de vida material y simbólica –el bien vivir- como lo es para los pueblos originarios. (2)

Si bien la Constitución Nacional, la ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, amparan la posesión ancestral de las tierras, la mayoría de los fallos judiciales privilegia la propiedad privada y se desaloja a las comunidades originarias por carecer de títulos de propiedad.

Desde el gobierno se ha prometido impulsar una ley que ponga freno a la venta indiscriminada  de tierras a capitales extranjeros. El proyecto de la legisladora Diana Conti propone restricciones a escala municipal autorizando hasta un 25 por ciento de tierras en manos de capitales extranjeros y hasta un 40 por ciento de ese total en manos de un solo propietario. Sin embargo el mismo proyecto abre camino a las ONGs que acrediten “reconocidos antecedentes” en proyectos de protección y conservación de los recursos naturales. Convertirse en beneméritas ONGs  permitiría zafar de los condicionamientos de la ley  a los propietarios extranjeros de tierras adquiridas con anterioridad a la sanción de la ley .Mientras tanto, la escala de restricciones  que establece el proyecto no impediría el avance del saqueo. - D.A.

Fuentes: (1) Miradas al Sur- Breve cartografía de la distribución de la tierra. 2-01-2011

              (2)- Tierras públicas- Silvia Lilian Ferro- Página 12/  Suplemento Cash- 30-01-2011